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domingo, 12 de julio de 2015

El país será insostenible si el campo cae en la bancarrota.

La producción agrícola de Salta atraviesa una crisis profunda, causada por dos años consecutivos de sequía, seguidos por una actual buena cosecha que resulta malograda por el atraso cambiario, la caída de los precios internacionales, la presión impositiva, el alto costo del transporte y la escasez de crédito.
La sensación de bancarrota afecta a productores de oleaginosas, cereales y legumbres, así como a los ingenios azucareros. Además, mientras solicitan que se exima de retenciones a las exportaciones de las economías regionales, las autoridades nacionales relativizan a la actividad rural del interior del país y crece la certeza de nuevos gravámenes sobre la actividad tabacalera, vitivinícola y frutícola. En Orán y San Martín la crisis castiga especialmente a la actividad porotera, que hasta 2013 movió exportaciones de 300 a 400 millones de dólares y es pilar de empleo genuino que registra los mayores indicadores de desempleo y pobreza. El transporte representa el 35% de la estructura de costos de los productores salteños.
El viernes próximo, 17 de julio, el campo se movilizará en todo el país al cumplirse siete años de aquella noche en que naufragó en el Congreso el proyecto de retenciones móviles sobre las exportaciones de cereales, la famosa "resolución 125". No es mera conmemoración. El campo reacciona contra "la altísima presión impositiva, la inflación, la política de precios sugeridos, la intervención de los mercados, los ROE y las retenciones, que llevaron a una situación crítica de falta de competitividad", según un comunicado de las entidades rurales. Reclaman financiamiento, previsibilidad y rentabilidad. La probada capacidad de la producción rural para sacar al país de sus periódicas crisis tienta a economistas y dirigentes políticos ajenos a esta actividad a verla como una fuente de riqueza fácil y espontánea, sin percibir que requiere condiciones básicas para sostenerse.
Ese error es letal, y propio de un país que hace medio siglo resignó su vocación productiva y su proyecto de desarrollo. Hoy el campo paga los platos rotos de una política que privilegia el consumo y sacrifica para eso la transparencia monetaria, el crédito productivo y la inversión privada. A cambio, incrementa sistemáticamente la presión tributaria.
El campo es generador de empleo y base para el despliegue de infinidad de actividades multiplicadoras. Se estima que el Estado se lleva 93 de cada 100 pesos de la renta agrícola, contra 75 pesos de 2009 a 2013. La soja cotiza al 60% de lo que valía hace tres años, y por las restricciones a la exportación, el maíz se vende al 78% de su precio en el mercado interno y al 62% de su cotización internacional.
La falta de crédito destinado a la inversión productiva es otro detonante de esta crisis. Según datos oficiales del Ministerio de Economía y del Banco Central, corroborados por el Banco Mundial, en la última década, los préstamos productivos promediaron el 28% del PBI, mientras en México fueron del 39 %; en Brasil, 92%, en todo América Latina, del 60% y en Estados Unidos, del 225%.
Al borde del colapso, los agricultores salteños esperan un aluvión de cheques rechazados, con garantías que afectan al 70 % del capital de trabajo. Solo con los bancos, arrastran una deuda que supera los 3.000 millones de pesos.
En este escenario, sobrevuela como una amenaza la iniciativa del diputado patagónico Mauricio Gómez Bull para aumentar impuestos internos al tabaco, alcohol y a los alimentos y bebidas que contengan azúcar para subsidiar deportes sociales. La idea queda a un paso de proponer que la administración nacional se apropie del Fondo Especial del Tabaco, un botín siempre apetecido cuando apremia el déficit. El escenario es sombrío. Siempre habrá años de buenas cosechas, que se alternarán con otros períodos negativos.
La prosperidad del campo es un interés de toda la sociedad, porque el campo es generador de empleo, calidad de vida y paz social. Cuando los problemas son terminales, como ocurre hoy, el Estado, es decir, los gobiernos nacional, provinciales y municipales, tienen el deber de asistir en su ayuda. Las buenas políticas de estímulo a la producción agrícola y ganadera y a la agroindustria son un interés estratégico para toda la sociedad.
Fuente: El tribuno

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