viernes, 10 de julio de 2015

Salta necesita un código de ética judicial que ponga límites a las presiones del poder político y garantice ley pareja para los ciudadanos.

Si en la era Menem el paradigma fue "los jueces de la servilleta", en el inicio de la era Kirchner debe concederse que hubo un primer -y fugaz- tiempo en que se eligieron los mejores juristas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Su ética judicial y personal evitó que, en la era Cristina Fernández, el Poder Judicial entrase en una noche negra y desintegradora.
Porque en esa era se logró que la credibilidad de la gente en la Justicia volviera a caer casi a niveles tan bajos como en los 90. El fenómeno se da también en Salta, donde los ejemplos son quizá más escandalosos y ha puesto sobre el tapete la necesidad de contar con un Código de Ética Judicial. Un paso para evitar el amiguismo y las presiones.
Hace un tiempo esta columna señaló que la ética de la función judicial forma parte de la reforma del Estado y que la búsqueda de un código como herramienta es motorizada desde los mismos poderes judiciales del país, no todos, pero igualmente es un hecho de buen agero.
Con diferentes opiniones y perspectivas se coincidía entonces, como hoy, en que un Código de Ética para los magistrados resulta una herramienta imprescindible para la independencia y la transparencia de la Justicia. En algunas provincias ya existe y funciona, naturalmente con las variantes impuestas por diferentes idiosincrasias y costumbres. En Santiago del Estero y Formosa, por ejemplo, están destinados a magistrados y funcionarios; mientras que el de Corrientes (1998) comprende también a los empleados. Algunos, como los de Santa Fe (2002) y Córdoba (2003), fueron dispuestos por acordada de las Cortes de Justicia respectivas mientras que otros, como el de Tierra del Fuego (2010), son una creación de la Asociación de Magistrados. Demás está decir que estos cuerpos no invaden el campo de lo jurídico, sino que establecen reglas éticas.
Su uso se ha expandido por el continente: el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, redactado por expertos judiciales de países de Iberoamérica en 2006, se utiliza hoy como trabajo orientador por muchas jurisdicciones que desean instalar una regulación ética para la función judicial. Estos reglamentos tienen limitaciones y prohibiciones que aseguran la igualdad entre las partes y resguardan la independencia de los magistrados. Su implementación resulta una necesidad, un progreso y una garantía. En Salta, la ley 5.642 Orgánica del Poder Judicial solo dedica un inciso de un artículo al tema. Es el art. 39, inc. 4º, que atribuye a la Corte de Justicia el deber de controlar la conducta de los magistrados y funcionarios, pudiendo imponerles sanciones disciplinarias. Pero es insuficiente, no solo por la extrema brevedad del texto, sino también porque excluye de ese control a la Corte.
El tema, debido a su íntima vinculación con la reforma del estado, debería ser introducido en la agenda de la futura reforma constitucional. Las estructuras constitucionales no permiten desarrollar extensamente los temas que trata ni incorporar códigos ni detenerse en la casuística, su texto es obligadamente breve por ser la norma básica que da sostén a todas las demás, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, etc., que harán el desarrollo en detalle. Análoga a la estructura de una casa, formada por las columnas y las vigas, que son simples, sólidas y poco numerosas en relación al resto de los componentes del edificio, una Constitución es solo la estructura básica del sistema jurídica total. Por lo tanto sus disposiciones son poco numerosas, simples y sólidas; son el sostén de todo el resto de normas jurídicas, esas que forman el entramado de deberes y derechos que rige la vida del estado y que, cuando se acatan cabalmente, permite a los particulares convivir pacíficamente.
Un Código de Ética Judicial originado en el texto constitucional solo será apenas un párrafo que establezca la obligatoriedad de su existencia y nada más; en el mejor de los casos dirá si se originará por ley o por acordada o si será aplicable también al personal de ese Poder.
No es superfluo recordar aquí que un vasto sector de auxiliares de la Justicia -los abogados y procuradores- deben ajustar su conducta profesional a lo dispuesto por el Código de Ética que los rige desde 1979, conforme la ley 5.412 que regula el ejercicio de la abogacía en la provincia. Una de las muchas paradojas institucionales argentinas: que la ley se ocupe de la ética de una parte de los que ejecutan una actividad y no lo haga con el resto de los involucrados.
La Justicia de la provincia progresó y se perfeccionó continuamente desde su creación. En los tiempos cercanos pueden señalarse como hitos constitucionales la separación del Ministerio Público del Poder Judicial (1986) y la creación del Consejo de la Magistratura (1998). La incorporación del Código de Ética sería otro paso en esa dirección.
El tema da para varias reflexiones. En lo específicamente estatal se verifica que sistemas judiciales tan opuestos al latinoamericano, como lo son el canadiense y el norteamericano, han propiciado y concretado esas regulaciones éticas, lo cual parece una buena señal. También lo es que el sector privado lo haya hecho, en actividades en las cuales el mayor activo es intangible, como por ejemplo la credibilidad. De ahí que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) tenga su código de ética desde 2004 y que lo mismo suceda con la actividad publicitaria que lo puso en vigencia en 2001, al crearse el Consejo de Autorregulación Publicitaria.
La credibilidad del Estado también es un activo intangible que le pertenece, pero las personas elegidas para su gobierno, en ocasiones, se encargan de infectarla. Un código ético sería una buena vacuna preventiva.

Fuente: El tribuno
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